A los trabajadores informales de Cali: Iván Duque les niega la renta básica y le brinda las herramientas legales para que Iván Ospina los persiga y expulse de las calles. ¿Lo vamos a permitir?
El
Covid-19 llegó a Colombia en medio de una crisis crónica de más de 30 años. A
millones de compatriotas la economía no les permite resolver sus necesidades
más elementales como tener un empleo estable y bien pago o tener un negocio
próspero. El Estado no garantiza la cobertura en derechos esenciales para la
población: salud, educación, pensión, servicios públicos domiciliarios,
transporte público urbano, subsidios al desempleo, vivienda y seguridad ciudadana,
entre otros. La pandemia vino a profundizar y prolongar este drama.
Más
de 10 millones de trabajadores informales
empezaron la cuarentena sin saber cómo pagar los gastos del hogar. Solo en las
primeras cuatro semanas de cuarentena, 5 millones de trabajadores se quedaron
sin empleo. Unos 4 millones de desempleados dejaron de buscar empleo y se
dedicaron a actividades domésticas no remuneradas. Los vendedores ambulantes superaron los 4 millones en todo el país. Fue una catástrofe
económica y social anunciada (Ver datos).
Las
empresas colombianas, el 96% Mipymes, entraron en estado crítico en los
primeros meses de parálisis. Cientos recortaron personal, otras cerraron
durante la pandemia y otras quebraron definitivamente. Duque se hizo el sordo
ante la petición de asignar financiamiento estatal para que las empresas
lograran mantener la plantilla de empleados, pagar los servicios públicos,
alquileres y los compromisos con el sistema financiero. Y eso que las Mipymes
son responsables de 17 millones de empleos y generan el 40% del PIB (Ver). ¿Qué tal
que no?
Congresistas
de varios partidos y el Comité Nacional de Paro le solicitaron a Duque la asignación de una renta básica
para los trabajadores y un programa de apoyo estatal para las empresas
colombianas (Ver carta). Para los trabajadores informales se propuso un salario mínimo
($877.804 pesos) durante tres meses y para los formales un salario de $1.409.000
pesos, también por tres meses. Este programa tenía un costo de 23 billones de
pesos, equivalentes al 2,3% del PIB, y beneficiaba a más de 35 millones de colombianos.
¿Cuánta hambre habría evitado el pueblo colombiano sí Duque hubiese aprobado
esta medida?
Duque
se la jugó con el sistema financiero y las multinacionales. A los bancos le
entregó recursos estatales para que estos endeudaran a las empresas colombianas
urgidas de financiamiento para evitar la ruina. Recientemente autorizó un préstamo por 1,4 billones de
pesos para la arruinada y extranjera Avianca, que afortunadamente la Justicia prohibió. Habrá que ver sí respeta el fallo. Con Duque, como con
sus antecesores, los colombianos solo tenemos deberes, especialmente el de
pagar impuestos.
La pandemia le sirvió a Duque para promover vía Decretos y sin control del Congreso, las más reaccionarias medidas contra el pueblo colombiano. Una de esas medidas es la Reforma laboral y pensional del Decreto 1174. Esta retardaría política precariza y empobrece más a los trabajadores, a los empresarios les arrebata la posibilidad de crecer porque le quita capacidad de consumo a los hogares trabajadores y con ello condena al país al más oprobioso atraso: pobreza, miseria, hambre y violencia.
2. Iván Ospina y su Cali de calles sin
vendedores informales.
Precariedad,
pobreza y hambre. Eso ha significado para los trabajadores informales de Cali
la pandemia. Iván Ospina se excusó en limitaciones presupuestales para no
garantizar la seguridad económica y alimentaria de miles de familias que
sobreviven de la economía informal. Entregó unos micro-mercados para hacer farándula con
el hambre y la necesidad.
Eso
sí, Iván Ospina aprovechó los primeros 45 días de aislamiento para soñar con su
Cali de calles libres de trabajadores informales. Su subsecretario de Inspección,
Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet,
se frotaba las manos cada pasaba por las fantasmales calles del centro de Cali
y fantaseaba con los bulevares de las principales ciudades europeas (Ver). Fantasías
que gracias a la Ley 1988 podrá empezar a concretar[1],
sí los trabajadores no se movilizan para defender el derecho a
subsistir en las calles, ante la imposibilidad de un empleo estable y con salario
de calidad en la economía formal.
3. La tormenta que se avecina: el
registro digital de vendedores informales.
Persecución,
decomisos y violencia. Eso es lo que viene para los vendedores informales de
Cali (Ver). El gobierno de Iván Ospina, con el apoyo del presidente Iván Duque, va a
implementar las medidas del Acuerdo 0424 y las disposiciones de la nefasta Ley
1988, mal llamada Ley de la empanada.
El
pasado 11 de septiembre, Jimmy Dranguet socializó la idea de un REGISTRO
DIGITAL DE VENDEDORES AMBULANTES cuyo formulario estará habilitado
durante dos meses en la página de la Alcaldía de Cali. Con la información
recolectada el gobierno adquiere la capacidad técnica de CARACTERIZAR de manera precisa la actividad comercial,
laboral y las condiciones familiares de cada vendedor informal. Y bueno, con
esto el gobierno tendrá como seleccionar quienes pueden seguir sobreviviendo del rebusque en el espacio púbico y quienes no.
Esta
medida todavía no tiene soporte legal, pero por los eventos recientes con el lobo,
Iván Ospina está actuando como los tiempos de la guerra de los mil días: “mientras llega la orden de Bogotá, que los
vayan ejecutando”. Mientras Iván Duque reglamenta la nefasta Ley de la
empanada, Iván Ospina seguirá persiguiendo los trabajadores de la calle,
aprovechando las facultades del Acuerdo 0424.
4. Vienen por la riqueza que se
produce en la calle.
Con
la apertura económica de César Gaviria, fortalecida por los gobiernos
siguientes, se inició el proceso de cambiar el derecho al empleo estable y bien
pago por el REBUSQUE. Después de 30 años de aplicación cada vez más
refinada de la apertura, la mitad de la fuerza laboral colombiana sobrevive por cuenta propia (Ver estadísticas). Según el Dane a julio del 2020, solo los vendedores ambulantes superaban
los 4 millones. Las calles se convirtieron en el último lugar para sobrevivir
a quienes perdieron o no encuentran un empleo en la débil economía formal.
En
estas calles se mueve la riqueza más democrática que se produce en el país. No
es mucha, pero está bien distribuida. Esta riqueza puede llegar a representar
el 7% de la producción nacional de un año (Dane, 2019) [2].
Estos pesos son los que estimulan a empresas formales, especialmente
multinacionales ligadas al comercio minorista y al entretenimiento, a apropiarse
de los lugares acreditados por los trabajadores informales.
En
el 2010 el Banco Mundial puso los ojos en el espacio público colombiano (Ver). Al
gobierno de Uribe le orientaron la “recuperación
el espacio público” para feriarlo al mejor postor. Se proyectaron grandes
obras de mejoramiento urbano y un marco legal para asegurar que el nuevo
espacio público pueda ser administrado y aprovechado económicamente por
empresas formales, a cambio de pagar por ello o de financiar vía Alianzas
Público-Privadas la renovación.
Desde
entonces, toda la lucha contra los vendedores informales es por despojarlos de
sus medios de vida y expulsarlos de los lugares donde se ganan el sustento.. Les estorban los pobres que se ganan la vida en las calles.
Quieren la riqueza de la que sobreviven más de 4 millones de vendedores ambulantes.
Y promociona la idea como la garantía para recuperar el espacio público en
beneficio del ciudadano. ¡Paja, pura y física paja! Quieren convertir el
espacio público en una mina de oro para unas cuantas multinacionales.
A
esto es que se le denomina la privatización
del espacio público. Convierten el Espacio Público en una mercancía
sujeta a la capacidad de pago de los operadores que quieran hacer ganancias
trabajando en él. ¿Podrán los humildes vendedores ambulantes pagar las mismas
tarifas de uso que una multinacional como Movistar o Claro? ¿Tiene la misma
influencia una vendedora de chontaduros, que las tiendas de café Oma?
5. La artillería legal para expulsar a
los trabajadores de las calles.
Durante
el gobierno de Santos el Departamento Nacional de Planeación aprobó dos
documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) [3].
En el 2012 se aprobó el 3718 sobre Espacio Público y en el 2014 se
aprobó el 3819 del Sistema de Ciudades. Ambos documentos fueron orientados por el
Banco Mundial. Luego en el 2015 se aprobó el Decreto Ley 1077 de 2015 donde se
autoriza a los Municipios la entrega en concesión del espacio público a
empresas privadas. Un año más tarde se aprobó el nuevo Código de
Policía (Ley 1801 de 2016) con determinaciones precisas para perseguir a los
vendedores ambulantes, disposiciones que fueron limitadas por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-211 del 2017.
Finalmente, en el 2019 Duque firmó la Ley 1988 aprobada por las mayorías del
Congreso (Ver). El propósito de todas estas normas es expulsar a la inmensa mayoría
de los trabajadores del rebusque de las calles para que las empresas formales
se apropien de la riqueza que se produce en el espacio público.
6. Los mecanismos para expulsar a los
trabajadores de las calles.
Básicamente
hay dos maneras. La primera es con la violencia
policial y la segunda con medidas
económicas. Sobre la primera, los vendedores son expertos en
padecerlas: decomisos de mercancías, imposición de comparendos y el bolillo
cuando el vendedor opone resistencia.
Las
económicas. Consiste en imponer cobros por usar el espacio público para
realizar actividades propias del rebusque. Le denomina técnicamente: cobro por aprovechamiento económico.
Caracterizan
a los vendedores para seleccionar quienes pueden estar en ciertos lugares, bajo
el compromiso de pagar alquiler o comprar casetas y pagar una tarifa por
aprovechamiento. A los ambulantes los carnetizan, les piden que porten
chalecos, les asignan ciertos lugares, temporales, y les fijan la tarifa. En Cali el piloto se hace en las estaciones del MIO.
A
la inmensa mayoría le queda el camino de las reubicaciones en lugares donde no hay posibilidad de tener
clientes, pagando alquileres, servicios públicos y otros gastos propios de un
negocio formal. Por razones de estos nuevos compromisos para los que no hay
capital y la falta de clientes, fracasan las reubicaciones. Ejemplo, la
reubicación de El Bicentenario de Tuluá o el caso de Bucaramanga.
Estas
medidas las promocionan con el cuento chimbo de las capacitaciones en el Sena,
con la ilusión de la formalización y el acceso a programas de bienestar social.
¡Cuidado! Son la carnada que
esconden el anzuelo del despojo y la expulsión de los trabajadores del rebusque
de las calles.
7. ¿Podemos confiar en la Ley 1988 y
en la Política Pública de Vendedores Ambulantes?
DEFINITIVAMENTE NO. Nada positivo trae la Ley y la Política. Estas medidas están llamadas a fracasar o en el peor de los casos a perjudicar terriblemente a los trabajadores del rebusque. La razón es que el Gobierno de Iván Duque no está tomando medidas para proteger y crear nuevos empleos estables, con salario y seguridad social de calidad. Esto es lo primero que se debe hacer. Por el contrario, con la reforma laboral y pensional del Decreto 1174 va a terminar de destruir la base esencial del progreso de un país: el empleo y la producción nacional. Va a terminar de empobrecer a los trabajadores, a arruinar a lo que queda de los negocios colombianos y a condenar a Colombia a más oprobioso atraso. Seguirán llegando desempleados a las calles a sobrevivir del rebusque.
La
Ley 1988 es una empanada envenenada. Impone masivamente las fracasadas “reubicaciones”; facilita que el sistema
financiero estafe a los trabajadores con Beneficios
Económicos Periódicos (BEPS), en lugar del derecho a la pensión digna; crea
nuevas categorías de trabajadores para dividirlos, ¡ojo divide y vencerás!; y, privatiza el espacio público en
favor de un puñado de grandes empresas, que se van a apropiar de la riqueza de
la que sobreviven más de 15 millones de colombianos humildes que no encuentran
o perdieron su lugar en la economía formal.
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Ley 1988. Artículo 2°. La Política Pública de los vendedores informales, constituye el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos, programas y proyectos, que orientarán las acciones del Estado, con el fin de disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de las políticas públicas de recuperación del espacio público (Negrilla, cursiva y subrayado fuera del texto).
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8. ¿Debemos inscribirnos en el
Registro de Vendedores Ambulantes de Cali?
POR NINGUNA RAZÓN. Este mecanismo va a ser usado contra los mismos vendedores informales. Primero, al ser virtual dejarán por fuera a miles de personas que no tienen acceso al internet, ni manejan un computador. Segundo, con el desempleo en aumento es un crimen registrar a unos trabajadores y dejar por fuera a los nuevos que lleguen. Tercero, la información que piden será utilizada para adelantar los procesos de reubicaciones y las expulsiones de trabajadores informales.
9. ¿Qué propone la UGTI?
Un tipo de registro de actividad laboral en el que se identifique al trabajador informal. Que
indique el nombre, número de documento, dirección del puesto o zona de trabajo,
dirección de domicilio y un número de contacto. Debe estar habilitado de manera
permanente para que cada que un caleño tenga que resolver la vida en la informalidad, se pueda inscribir. Accesible para que cualquier persona pueda
inscribirse, sin trabas.
10. ¿Qué debemos hacer los trabajadores
del rebusque ante la política de Iván Duque e Iván Ospina?
Organizarnos.
Los invitamos a fortalecer las organizaciones a las que pertenecen y si no
están afiliados, a que lo hagan. La UGTI les abren las puertas. Bienvenidos.
Informarnos al detalle del problema y de nuestros derechos. Estudie y comparte este boletín. Suscríbase para tener información permanente y de manera oportuna.
Movilizarnos de manera civilista, pacífica y democrática. Vamos al paro nacional del 21 de octubre. Por nuestros derechos, no a la política contra los trabajadores informales. No al paquetazo de la OCDE que Duque quiere imponer con represión. Por una Colombia libre y soberana.
Vamos
a la movilización de vendedores informales Cali:
Lunes 19 de octubre. 8:00 am.
Plazoleta San Francisco.
Contra
el registro digital de vendedores, la implementación de la Ley 1988 y el
Acuerdo 0424. Por el derecho a subsistir del trabajo en el espacio público.
[1]Ley 1988. Artículo 2°. La Política Pública de los vendedores informales,
constituye el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos,
programas y proyectos, que orientarán las acciones del Estado, con el fin de disminuir el impacto
negativo que trae la ejecución de las políticas públicas de recuperación
del espacio público.
[2] El
Dane (2019) calculó en 9.450.286 los trabajadores del rebusque, con un ingreso
promedio mensual de $687.281 pesos.
[3]
Conpes 3718: Política Pública de Espacio Público.
Conpes 3819: Política del
Sistema de Ciudades.
1 Comentarios
La propuesta de registro de actividades un no ha sido aprobada por la UGTI ni asovaes
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