La Asociación de
Vendedores Ambulantes, Estacionarios y Semi-Estacionarios de Santiago de
Cali, ASOVAES y la Unión general de Trabajadores Independientes y de la
Economía Informal UGTI- CUT, ratifican una vez más el rechazo al acuerdo 0424
de 2017, Política Publica de Regulación y Organización de Ventas
Informales en el espacio público del municipio de Santiago de Cali, por
considerar que no es una Política Pública para vendedores informales sino que
por el contrario, busca su desalojo a la fuerza, sin brindar ningún tipo de
garantías y violando normas de jurisprudencia vigentes una vez lograda la
recuperación y privatización del espacio público, objetivo trazado por el
gobierno nacional a través del CONPES 3718 y desarrollado a través de dicho
acuerdo municipal.
En ese mismo orden de ideas
rechazamos la mal llamada caracterización de vendedores informales, en el
marco de dicho acuerdo ya que con esta caracterización no se
busca reconocer las dificultades económicas y sociales de los
integrantes de este gremio, sino desconocer los derechos de quien según el
gobierno municipal de MAURICE ARMITAGE, considere que ya no es población
vulnerable, estando en contravía y desconociendo lo proferido por
la Honorable Corte Constitucional en especial de en las
sentencias C-211 y T- 067 de 2017 entre otras.
Además ASOVAES Y
UGTI habían advertido que el
proceso implementado a comienzos del presente
año por parte de la Secretaria de Seguridad y
Justica se efectuó sin cumplir con protocolos necesarios de
acompañamiento de los lideres vulnerando derechos, intimidando, amedrantando al
vendedor informal, y con cuestionarios mal diligenciados, como
lo ratifico el concejal Carlos Pinilla
Malo en la plenaria del jueves 6 de junio del presente año, ponente
además de dicho Acuerdo Municipal, que el Subsecretario de
inspección, vigilancia y control, Darío Fernando Daza que
le había expresado que de 1000 (mil) caracterizaciones
efectuadas 800 (ochocientos) quedaron mal hechas y tenía que ser así porque el
personal que implemento e interrogo a los vendedores en
el desarrollo del cuestionario no se encontraba capacitado para dicha labor, el
cuestionario con más de 60 preguntas, algunas sin relación con las labores que desempeñan los
vendedores otras totalmente irrespetuosas de su condición humana, se efectuaron
previa presión hacia estos trabajadores, como que “si no realizaban el
cuestionario los desalojarían de sus puestos” o con calumnias como que
“ASOVAES, no quiere que los organicen para seguir
sacándoles plata” o que si hacían la caracterización les darían
“ayudas”, eso sin especificar de qué ayudas se trata, igualmente, no
se realizó acompañamiento por parte de la Personería Municipal y no se permitió
por parte de Funcionarios de la Secretaria de seguridad y justicia y
agentes de policía el acompañamiento de las organizaciones sindicales y de las
veedurías como ocurrió con la Veeduría No 46.
Ahora se pretende realizar de
nuevo dicha caracterización con una reforma del cuestionario en la que hay una
lamentable participación del observatorio de Políticas Públicas, POLIS de la Universidad
ICESI que se limita a reformar parcialmente dicho cuestionario, pero
manteniendo lo esencial del acuerdo 0424 como política de desalojo de
vendedores y privatización del espacio público.
Por todo lo antes expuesto
siendo absolutamente responsables como organizaciones sociales y
sindicales hemos expresado todos estos cuestionamientos a nuestros
compañeros, indicándoles además que se abstengan de realizar dicha
caracterización y por ende no deben firmar ya que al
hacerlo estarían aceptando lo impuesto y al contrario de las presiones para que
firme por parte del gobierno caleño, como organizaciones respetamos la
libertad que tiene cada uno de decidir lo que considere más
conveniente.
Finalmente exigimos que se
derogue dicho acuerdo y que la administración municipal no dilate más la
organización de los vendedores de la ciudad con unas medidas para los puestos
ya establecidas.
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