Cali, mayo 7 de 2019.


Doctora

LINA MARTINEZ

Directora Observatorio de políticas publicas

POLIS- ICESI  

Cali


Cordial saludo.

La Subdirectiva de la UGTI-VALLE DEL CAUCA, agradece a la universidad ICESI y su Observatorio de Políticas Públicas – POLIS el interés mostrado  en el tema de los vendedores ambulantes, estacionarios y semi-estacionarios de Santiago de Cali, el cual  ha permitido a través de  importantes investigaciones, conocer la realidad social de quienes laboran  en este sector informal de la economía, resaltamos especialmente  la “CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS VENDEDORES  AMBULANTES  DE LA ZONA CÉNTRICA DE  SANTIAGO DE CALI” presentado por un grupo de estudiantes  para su Maestría en Gobierno en el año 2015, así como  “LA ECONOMÍA INFORMAL  EN CALI, ENTRE LA COMPLEJIDAD Y LA DIVERSIDAD” presentado  por  el observatorio en el año 2018, en ambas investigaciones se   concluye  el carácter  de vulnerabilidad de quienes se dedican a dicho trabajo ya que de este depende  su única  fuente de ingreso.

 

Con respecto al Acuerdo 0424 de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VENTAS INFORMALES  EN EL ESPACIO PUBLICO  DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”  ratificamos como en su momento lo hizo ASOVAES  durante el debate y estudio para su aprobación en el Concejo  Municipal, nuestro rechazo, por considerar  que dicho acuerdo deja sentadas las bases para  el desalojo de  la inmensa mayoría de los vendedores  de Cali, como lamentablemente ya ocurrió  en la ciudad de Bucaramanga luego de la reglamentación a través del Plan Maestro de espacio Público en donde  de 1100 vendedores solo se les otorgo  permiso temporal a 37, vale la pena señalar que esas políticas públicas  y el tratamiento otorgado a nuestro gremio tiene  como punto de origen  y desarrollo el  CONPES 3718  donde se  dan los lineamientos para  la aplicación del APROVECHAMIENTO ECONOMICO, es decir  la entrega del espacio público  que hoy ocupan los vendedores informales a los grandes comerciantes, a través de licitaciones  a las cuales los vendedores no pueden  participar  por su costo o como ocurrió en Bogotá  donde   un  decreto  del alcalde Peñaloza les impidió participar de  dicha licitación.

 

Igualmente rechazamos  la caracterización porque como en su momento lo advertimos, esta caracterización tiene como objetivo  el desconocimiento de la condición de vulnerabilidad de la mayoría de los vendedores, igualmente la aplicación de este proceso  se realizó sin cumplir con los requerimiento mínimos, el trabajo de campo o  la aplicación del cuestionario fue realizado por personal no calificado, por los inspectores de espacio público, contratistas  a los que no se les capacito, y quienes realizaron dicho proceso  no efectuaron todas las preguntas establecida en el  formato  o presionaron a los vendedores  a que contestaran   con la amenaza de que  si no se caracterizaban serian desalojados o en  otros casos  con  promesas de ayudas, igualmente expresiones  como que  “los sindicatos no quieren  que haga la caracterización para seguir sacándoles plata, especialmente esos de ASOVAES”.

 

Igualmente, no hubo acompañamiento en este proceso de ningún órgano de control o de defensa de los derechos como es el caso de la Personería Municipal o defensoría del pueblo, ni se permitió a las veedurías realizar este seguimiento como fue el caso de la Veeduría Ciudadana No 46 de vendedores ambulantes.

 

Como organización sindical consideramos que este acuerdo municipal debe ser derogado o remplazado por otro que realmente busque mejorar las condiciones de vida de los trabajadores informales y no solo el desalojo del espacio público, debe este nuevo proyecto de acuerdo construirse con todas las organizaciones y vendedores, no simplemente  reformar un cuestionario mal elaborado y mal intencionado que no respeta la dignidad del gremio, si esto ocurre, no se  estará resolviendo la situación ya que la esencia del acuerdo continuara, su objetivo fundamental de recuperar el espacio público, desalojar  los vendedores y entregar dicho espacio a grandes comerciantes complementado.

 

Finalmente lamentamos la aprobación en el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque y en especial del artículo 73, “POLITICA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO” reafirmando lo ya denunciado en este texto, la privatización del espacio público y su explotación económica por grandes superficies y comerciantes, previo desalojo de la inmensa mayoría de quienes hoy con su trabajo le dan un uso social.

Atentamente



JAVIER LOPEZ BOTERO                                        CÉSAR COLLAZOS RICO
Presidente                                                                       Secretario General