Cali, mayo 7 de 2019.
Doctora
LINA MARTINEZ
Directora Observatorio de
políticas publicas
POLIS- ICESI
Cali
Cordial saludo.
La Subdirectiva de la UGTI-VALLE
DEL CAUCA, agradece a la universidad ICESI y su Observatorio de Políticas
Públicas – POLIS el interés mostrado en el tema de los vendedores
ambulantes, estacionarios y semi-estacionarios de Santiago de Cali, el
cual ha permitido a través de importantes investigaciones,
conocer la realidad social de quienes laboran en este sector
informal de la economía, resaltamos especialmente la “CARACTERIZACIÓN
SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA ZONA
CÉNTRICA DE SANTIAGO DE CALI” presentado por un grupo de
estudiantes para su Maestría en Gobierno en el año 2015, así
como “LA ECONOMÍA INFORMAL EN CALI, ENTRE LA
COMPLEJIDAD Y LA DIVERSIDAD” presentado por el
observatorio en el año 2018, en ambas investigaciones
se concluye el carácter de vulnerabilidad
de quienes se dedican a dicho trabajo ya que de este depende su
única fuente de ingreso.
Con respecto al Acuerdo 0424
de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN
Y ORGANIZACIÓN DE VENTAS INFORMALES EN EL ESPACIO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI” ratificamos como en su momento lo
hizo ASOVAES durante el debate y estudio para su
aprobación en el Concejo Municipal, nuestro rechazo, por
considerar que dicho acuerdo deja sentadas las bases
para el desalojo de la inmensa mayoría de los
vendedores de Cali, como lamentablemente ya ocurrió en la
ciudad de Bucaramanga luego de la reglamentación a través del Plan Maestro de
espacio Público en donde de 1100 vendedores solo se les otorgo permiso
temporal a 37, vale la pena señalar que esas políticas públicas y el
tratamiento otorgado a nuestro gremio tiene como punto de
origen y desarrollo el CONPES 3718 donde
se dan los lineamientos para la aplicación del APROVECHAMIENTO
ECONOMICO, es decir la entrega del espacio público que
hoy ocupan los vendedores informales a los grandes comerciantes, a través de
licitaciones a las cuales los vendedores no
pueden participar por su costo o como ocurrió en
Bogotá donde un decreto del
alcalde Peñaloza les impidió participar de dicha licitación.
Igualmente
rechazamos la caracterización porque como en su momento lo
advertimos, esta caracterización tiene como objetivo el
desconocimiento de la condición de vulnerabilidad de la mayoría de los
vendedores, igualmente la aplicación de este proceso se realizó sin
cumplir con los requerimiento mínimos, el trabajo de campo o la
aplicación del cuestionario fue realizado por personal no calificado, por los
inspectores de espacio público, contratistas a los que no se les capacito,
y quienes realizaron dicho proceso no efectuaron todas las preguntas
establecida en el formato o presionaron a los
vendedores a que contestaran con la amenaza de
que si no se caracterizaban serian desalojados o en otros
casos con promesas de ayudas, igualmente
expresiones como que “los sindicatos no
quieren que haga la caracterización para seguir sacándoles plata,
especialmente esos de ASOVAES”.
Igualmente, no hubo
acompañamiento en este proceso de ningún órgano de control o de defensa de los
derechos como es el caso de la Personería Municipal o defensoría del pueblo, ni
se permitió a las veedurías realizar este seguimiento como fue el caso de la
Veeduría Ciudadana No 46 de vendedores ambulantes.
Como organización sindical
consideramos que este acuerdo municipal debe ser derogado o remplazado por otro
que realmente busque mejorar las condiciones de vida de los trabajadores
informales y no solo el desalojo del espacio público, debe este nuevo proyecto
de acuerdo construirse con todas las organizaciones y vendedores, no
simplemente reformar un cuestionario mal elaborado y mal
intencionado que no respeta la dignidad del gremio, si esto ocurre, no
se estará resolviendo la situación ya que la esencia del acuerdo continuara,
su objetivo fundamental de recuperar el espacio público,
desalojar los vendedores y entregar dicho espacio a grandes
comerciantes complementado.
Finalmente lamentamos la aprobación en el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque y en especial del artículo 73, “POLITICA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO” reafirmando lo ya denunciado en este texto, la privatización del espacio público y su explotación económica por grandes superficies y comerciantes, previo desalojo de la inmensa mayoría de quienes hoy con su trabajo le dan un uso social.
Atentamente
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