¿Ha pensado a qué
se dedicaría si un día ya no puede seguir en su lugar de trabajo? ¿Sí un día le
prohíben salir a la calle a rebuscarse? ¿Cómo conseguiría la plata del día para
pagar la comida de su familia, el transporte, el arriendo y la cuota del
gota-gota? Quizás ninguno tenga un plan
ante una situación como esta. Todos tenemos la esperanza de salir, cada mañana,
a trabajar para sobrevivir con dignidad. Pero esto está a punto de cambiar, sí
no actuamos.
Vienen por los trabajadores informales. Se avecina un proceso de desalojos forzosos y de persecución policial de los
trabajadores que se ganan el sustento en el espacio público. El Alcalde Ospina
está calentando motores para ejecutar la política que Armitage no pudo
realizar: desocupar el espacio público
de vendedores y trabajadores informales, para que inversionistas privados hagan
fortuna. Esto incluye a quienes sobreviven del transporte informal. Sí esta
política se ejecuta, dejará a miles de familias caleñas en la miseria y
aguantando física hambre, en una de las ciudades más caras del país.
Cali
vive un drama humanitario. El desempleo afecta a
más de 170 mil trabajadores, más de 560 mil ocupados sobreviven del rebusque y con
informalidad laboral, el costo de vida (3,9%) es más alto que en el promedio (3,3%)
nacional (Dane, 2019). La inseguridad económica y el alto costo de vida, es el
fruto de la política de importar las mercancías que los colombianos sabemos y
podemos producir. El alcalde sabe esto, perfectamente.
No es falta de educación, es falta de
empleo. El rebusque no
es falta de cultura ciudadana, es el resultado del desempleo causado por la
quiebra sistemática de empresas colombianas y de las extranjeras que se van del
país. Negar esta realidad es la manera precisa de desconocer el derecho al
trabajo y a la subsistencia de miles de familias. En resumen, la calle le
brinda a miles de familias lo que la economía formal no puede hacer: ingresos
mínimos para sobrevivir. ¿Las quieren descongestionar? Abran las fábricas
arruinadas por las importaciones y la falta de fomento estatal.
Volver a producir, la fórmula efectiva. Sí el alcalde quiere descongestionar el
espacio público de trabajadores informales, debe empezar por exigirle al Gobierno de Duque la
reactivación de la industria, el agro y el comercio colombiano.
Reactivación que implica dejar de importar las mercancías que el país sabe
producir, reducir las tarifas de los servicios públicos, peajes y combustibles,
estimular la producción nacional con crédito barato, oportuno y suficiente,
entre otras. Pero sobretodo, ampliar la
capacidad de consumo de las familias trabajadoras. Esto significa, definir una
política laboral que garantice estabilidad y salario de calidad. Como ven, toca
hacer todo lo contrario a lo dispuesto en el paquetazo de Duque, la OCDE y el
Fondo Monetario Internacional.
Implementar el Acuerdo 0424 es un abuso. Está pensado para mejorar la estética urbana
y privatizar el uso del espacio público. Su aplicación será con el método de la
zanahoria el garrote. El gobierno tratará de meterles cuentos chinos a los
trabajadores, para que de manera voluntaria se acojan a las medidas (zanahoria). Sí los trabajadores no le
comen cuento, usarán la fuerza pública o los policías cívicos (garrote).
La respuesta del gremio debe ser: organización y movilización pacífica. Y
sobretodo, no firmar ningún documento a funcionarios de la alcaldía.
Una política pública en beneficio privado. Las actuales medidas para tratar el
fenómeno del rebusque están diseñadas para que miles aguanten hambre, mientras
una minoría se apropia de la riqueza que genera el espacio público. Eso es lo
que representa el Acuerdo 0424 de 2017. No garantiza condiciones de bienestar
para los trabajadores del espacio público, porque no contempla alternativas
estables de subsistencia. A los que acepten ser reubicados no les garantizan
sitios donde se puedan obtener ingresos mínimos y estables, lo que los obliga a
volver a la calle. A los que tengan la suerte de quedarse, les imponen
condiciones abusivas, como la compra de mobiliario (casetas) y alquileres costosos.
En Tuluá, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Armenia y Cartagena, hay ejemplos por
miles de estas medidas abusivas.
Aplicar operativos de control del espacio
público, es un despropósito.
El Acuerdo 0424 establece 7 medidas previas antes de ejecutar operativos: 1) Elaborar
registro de vendedores, 2) Realizar caracterización socio-económica, 3) Verificar
permisos de uso, 4) Actualizar registro, 5) Priorizar inversiones, 6) Hacer
pedagogía, 7) Definir lugares para ubicar vendedores y 8) Hacer operativos de
control. ¿Por qué empiezan por ocho?
El gobierno está especulando. Para empezar, el gobierno no sabe a
ciencia cierta cuántas personas viven del rebusque en Cali, a qué actividad se
dedican, en dónde y cuánto tiempo llevan ejerciéndola. No tienen la menor idea porque
no se ha realizado un censo. Y lo más grave del asunto, no tienen la menor idea
de dónde ubicar a los miles de trabajadores que intentan desalojar. No existe
ningún plan de reactivación económica y de generación de empleos estables y con
salarios de calidad. Sin esto no hay medida, pedagógica o de policía, que
valga.
Seguir en la calle, la única opción. Los vendedores y los trabajadores de la
calle, no tenemos más para donde ir. Ya perdimos el lugar en la economía
formal, no vamos a ceder ante las amenazas o los cantos de sirena del alcalde
Ospina. Solo nos queda resistir con movilización pacífica y civilista. Vamos a
defender nuestros sitios de trabajo y el espacio público como patrimonio
comunitario. Está en juego el bienestar de nuestras familias.
Asamblea de vendedores, Cali. Febrero 18 de 2020. |
“La UGTI y ASOVAES
llama a fortalecer el proceso de movilización acordada en la asamblea del 18 de
febrero. Y saludamos la actitud de quienes participaron en la marcha del 21 de
febrero. Vamos avanzando. La organización y la movilización civilista son las
herramientas para defender la estabilidad de nuestros sitios de trabajo”.
Marcha de vendedores ambulantes y trabajadores informales de Cali. 21 Febrero de 2020. Plaza Caycedo. |
Vendedores ambulantes, estacionarios,
semi-estacionarios, trabajadores y transportadores informales, todos al paro
nacional del 25 de marzo. Por nuestro derechos y contra el paquetazo de Duque,
la OCDE y el FMI.
SOMOS
UGTI – ASOVAES.
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